Comunidad de Mara en Apurímac inicia bloqueo contra mina de cobre Las Bambas de MMG

Los habitantes del distrito de Mara, en la provincia de Cotabambas (Apurímac), iniciaron el miércoles un bloqueo indefinido del camino hacia la mina de cobre Las Bambas de la empresa china MMG, dijo Héctor Alfaro, presidente de la comunidad, en una entrevista telefónica.

La comunidad, que colinda con el distrito de Challhuahuacho, dice que la minera no ha cumplido los acuerdos y genera contaminación.

La comunidad de Mara está ubicada en el corredor minero y no forma parte de las seis comunidades que actualmente están en conversaciones con Las Bambas.

Hace dos semanas, las comunidades campesinas acordaron levantar las protestas que detuvieron las operaciones en Las Bambas durante las siete semanas, como parte de una tregua de 30 días acordada con el propietario chino MMG Ltd.

En conversaciones mediadas por el Gobierno, las dos partes lograron el jueves 9 de junio un acuerdo mediante el cual las comunidades cesarán las protestas a cambio de que la compañía detenga la construcción de un nuevo tajo abierto, dijo el Ministerio de Energía y Minas. Desde el 15 de junio, tienen 30 días para llegar a un acuerdo definitivo, aunque las operaciones se reanudaron el 14 de junio.

Si bien es temporal, el acuerdo significó un gran avance en una mina que detuvo su producción el 20 de abril, privando al mercado de cobre de una operación que representaba el 2% del suministro mundial. Los representantes de las seis comunidades y la mina de cobre iniciaron el martes el proceso de diálogo.

Las Bambas tiene capacidad para producir casi 400,000 toneladas métricas al año. Sin embargo, la instalación ha perdido cientos de días de transporte desde que comenzaron las operaciones en el 2016 debido a protestas esporádicas a lo largo de la carretera utilizada para enviar cobre semiprocesado al puerto.

Una de las razones detrás de la última y más seria protesta es una disputa sobre la tierra que se está utilizando para desarrollar un nuevo tajo en el sitio. La comunidad de Huancuire llevó el caso a los tribunales y un juez ordenó que se detuvieran las actividades en la zona una vez que la comunidad devolviera el dinero que recibió por la tierra.